Reformas pendientes en nuestros impuestos


Los impuestos sirven fundamentalmente para recaudar y así poder financiar el gasto público. Ésta es una verdad elemental que se complementa con la realidad de que cualquier impuesto genera efectos económicos al incentivar unas conductas y desincentivar otras. Para que los impuestos puedan cumplir sus funciones es necesario que estén integrados en un sistema fiscal. Esto no solo es una exigencia constitucional del artículo 31 de nuestra Carta Magna, sino también una cuestión de puro sentido común.

“Si hay un impuesto que está en crisis, éste es claramente el impuesto de sociedades, aunque sólo sea porque con beneficios record de las empresas recaudamos menos de la mitad que antes de la crisis. Éste es un problema que no sólo tenemos en España, sino que es un problema global” 

Sin embargo, en España tenemos cada vez más un conjunto deslavazado de impuestos, y no un sistema, por dos razones: porque, por una parte, nuestra estructura territorial de la que deriva el reparto del poder tributario complica mucho la coordinación de los impuestos de nuestro sistema fiscal. Por otra parte, en los últimos años el sistema fiscal se ha ido quedando obsoleto respecto de una actividad económica cada vez más internacionalizada.

Nuestra estructura territorial exige más coordinación fiscal. Pensemos, por ejemplo, en el impuesto de sucesiones. Más allá de cuestiones ideológicas, no pueden existir diferencias de 100 a 1 en la tributación de supuestos idénticos, simplemente por el hecho de residir en una Comunidad Autónoma o en otra. En España tenemos veinte impuestos de sucesiones distintos, una por cada Comunidad Autónoma de régimen común, otro en Navarra, uno en cada territorio foral del País Vasco y un último en el Estado. Estos veinte impuestos de sucesiones distintos no son un caso de éxito sino veinte formas distintas de equivocarse. Además, Sucesiones es un impuesto en el que puede pagarse una cuantía ridícula heredando miles de millones de euros, o en el otro extremo, tributar más de un 80% de tipo efectivo…

No sólo el impuesto de sucesiones necesita armonización y reforma, sino en general la imposición patrimonial. En un mundo internacionalizado no tiene sentido que el control patrimonial se realice desde las Haciendas de la Comunidades Autónomas. Con independencia del nivel de gravamen y del reparto de la recaudación, para que el impuesto del patrimonio cumpla su función principal de forma satisfactoria, el control censal, su gestión debería pasar a la Agencia Tributaria. Por otra parte, también es necesario un esfuerzo de coordinación en la normativa y el control de los impuestos entre sí. Por ejemplo, si hay exenciones en los bienes heredados, y no se paga nada por recibirlos, no se puede permitir que se revaloricen. Porque, en ese caso, cuando los herederos vendan los bienes tampoco pagarán por la plusvalía o ganancia de patrimonio que se ha generado.

En la reforma de la financiación de las CCAA que está pendiente desde hace seis años no deberíamos, en consecuencia, olvidarnos de las cuestiones tributarias que nos permitan modernizar y coordinar unos impuestos que se nos han ido quedando obsoletos. Además, resulta imprescindible dar más transparencia a un sistema de financiación que prácticamente nadie entiende y, por encima de todo, aportar coordinación y lealtad institucional.

Más allá de los problemas territoriales, si hay un impuesto que está en crisis, éste es claramente el impuesto de sociedades, aunque sólo sea porque con beneficios record de las empresas recaudamos menos de la mitad que antes de la crisis. Éste es un problema que no sólo tenemos en España, sino que es un problema global. Tristemente, las empresas que más dinero ganan del mundo son, precisamente, las que soportan una tasa efectiva de imposición menor sobre sus beneficios. Un problema global no suele tener casi nunca soluciones locales. Por eso la mejora en la cooperación a nivel europeo y de la OCDE no sólo es deseable, es una necesidad imperiosa.

Pero no sólo hay que mejorar la coordinación, también hay que reformar la normativa del impuesto de sociedades para tapar agujeros e ir eliminando parches transitorios que se fueron introduciendo durante la crisis y que hacen, también de este impuesto, a menudo un galimatías ininteligible que no se traduce en recaudación fiscal sino en distorsiones a la actividad económica.

En cualquier caso, no nos engañemos, el impuesto de sociedades, y en su caso los nuevos impuestos sectoriales no aportarán ingentes sumas de recaudación. En todos los países desarrollados, y España no es una excepción, la mayor parte de la recaudación fiscal y la práctica totalidad de las cotizaciones sociales con las que se pagan las pensiones, proceden del trabajo. Como señalaba Adam Smith, el trabajo es la riqueza de las naciones. Por tanto, parte de nuestros problemas fiscales están en un mercado laboral disfuncional con mucho, demasiado, paro y precariedad.

Finalmente, un sistema fiscal es tan bueno como la administración tributaria encargada de gestionarlo. Desde hace unos años, la Agencia Tributaria ha dejado de perder recursos y personal, pero aún estamos con menos recursos humanos, presupuestarios y materiales que antes de la crisis, para gestionar el sistema fiscal de una economía, afortunadamente, más grandes y sobre todo más internacionalizada. Invertir más en la lucha contra el fraude y seguir mejorando la normativa para prevenirlo es algo en lo que hay profundizar. Pero sobre todo hay que insistir en la medida anti-fraude más importante de todas: convencer a los españoles de que deben pagar sus impuestos; aunque sólo sea porque no podemos colocar a un inspector de Hacienda detrás de cada español.

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