Política económica y política a secas


España será, junto con Italia entre los países desarrollados, donde se registre la mayor caída del PIB en 2020. Tres son los verbos que deberá conjugar la política económica: sostener, recuperar y transformar.

Si había alguna duda del sombrío panorama que se abre ante la economía española, las previsiones económicas del FMI publicadas a finales de junio no dejan lugar a ninguna duda. España se lleva la peor parte: junto con Italia será, entre los países desarrollados, donde se registre la mayor caída del PIB en 2020. Los deberes de la política económica y de la política, sin más, no pueden ser entonces más perentorios.

Es la hora, por eso, de crear un nuevo clima político y un rearme ético de la vida pública. El gobierno tiene que protagonizarlo con gestos y actitudes indiscutibles, pero partidos políticos, medios de comunicación, líderes de opinión y agentes de la sociedad civil tienen que acompañarlo sin matices

Tres son los verbos que deberá conjugar la política económica: sostener, recuperar y transformar. De manera urgente, debe garantizar a corto plazo tanto la liquidez del sistema como las ayudas sociales, con el doble objetivo de evitar la ruptura del tejido productivo y garantizar la protección de los más directamente afectados por el súbito desplome de la actividad: trabajadores y empresarios, así como los sectores de población en riesgo de exclusión o padeciendo pobreza severa (sostener). Debe volver después a una senda de crecimiento estable, pues en caso contrario se agotarán pronto los recursos para el sostenimiento (recuperar). Y ha de acometer aquellas reformas que contribuyan a dar solidez a la economía y la hagan más capaz de crecer de forma equilibrada a medio y largo plazo (transformar).

La apuesta por ese tercer empeño —transformar— deviene crucial. Pero no será fácil. Habrá que sortear dos tipos de obstáculos no menores, ciertamente. El primero es el limitado potencial de crecimiento, consecuencia de graves carencias en la formación y la organización del mercado de trabajo (traducidas en una elevada tasa de paro estructural), así como en una escasísima (en relación con nuestra renta por habitante) inversión en investigación y desarrollo. Sin aumentar ese potencial es imposible que el crecimiento se base en aumentos de productividad y será siempre limitado o chocará periódicamente con recurrentes desequilibrios. La emergencia sanitaria y todo lo que está acarreando ha puesto de manifiesto la importancia de contar con una base industrial sólida, tecnológicamente solvente, como política de seguridad ante catástrofes imprevistas. Y conviene estar atentos a la recomposición de los procesos productivos, por una posible modificación de las cadenas globales de valor como respuesta a la crisis de suministros que se ha producido. España es una economía abierta e integrada, que debe tener una presencia activa en una posible reordenación de la industria a escala internacional. Las referidas carencias, además de dificultar cualquier esfuerzo de reindustrialización, frenarán las transformaciones hacia la digitalización y hacia la “economía verde”, cuando, en el medio y largo plazo, “la salida” no puede ser otra que verde y digital.

Un segundo obstáculo tiene que ver precisamente con las rigideces institucionales. Las del mercado de trabajo son bien conocidas, y ahí, al parecer, ahora se pretende caminar hacia atrás. Menos conocidas lo son —para la opinión pública; no, desde luego, para emprendedores y directivos— las que provienen de la exuberante y confusa regulación sobre la actividad empresarial. Incluso situaciones extraordinarias como la ocasionada por la crisis sanitaria son aprovechadas por las instancias gubernamentales para limitar derechos de propiedad, la libre competencia, la libertad de precios o la libertad de empresa. Quienes tienen muchos deberes sin hacer no son las empresas, sino los políticos al frente de las administraciones públicas, empezando —ya se ha dicho— por el desequilibrio financiero, que no se ha corregido tras varios años de notable crecimiento económico o, por citar un caso llamativo, el desequilibrio en el sistema de pensiones, insostenible a medio plazo para cualquier observador imparcial.

Pero el pesimismo no ayuda nunca. La economía española tiene más músculo empresarial que en anteriores crisis para reencontrar una línea de progreso. La pertenencia al club europeo nos proporciona una red de seguridad de valor incalculable, que no debemos desaprovechar. Se puede superar este embate, aunque hay que acertar en la buena dirección.

Aquí es donde ha de comparecer la política a secas (así lo viene reclamando el Círculo Cívico de Opinión). En el tratamiento y la gestión de la crisis sanitaria han tenido más éxito aquellos países que han seguido una cultura de cooperación entre las fuerzas políticas, a diferencia de que aquéllos otros con más contenciosos y conflictos institucionales o políticos enquistados. Los primeros serán también los que consigan salir de la crisis económica con mayor facilidad. El factor político es, pues, central para instrumentalizar una adecuada solución a los problemas que se han ido acumulando a lo largo de estos procelosos meses.

Es la hora, por eso, de crear un nuevo clima político y un rearme ético de la vida pública. El gobierno tiene que protagonizarlo con gestos y actitudes indiscutibles, pero partidos políticos, medios de comunicación, líderes de opinión y agentes de la sociedad civil tienen que acompañarlo sin matices. Habrá que comenzar por revertir el peligroso deterioro del lenguaje político. Y luego volcarse en la gestión: administrar y gestionar problemas, dejando de lado tensiones ideológicas que, no solo desvían los problemas reales, sino que los amplifican. Es el momento de iniciar un rearme ético, que, impulsado por la sociedad civil deberían liderar los principales representantes de las instituciones del Estado.

Si lo consiguiéramos, habríamos convertido la crisis en oportunidad.

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